Ex presidente de Brasil condenado a nueve años de cárcel por corrupción
El expresidente puede recurrir la condena en primera instancia por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero
El caso Petrobras se ha cobrado su mayor víctima en los tres años que lleva desgranando la corrupción en las élites brasileñas. El expresidente más popular del país, Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado ayer a nueve años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. Lula, que en los últimos meses no ocultaba su ambición por presentarse de nuevo a las elecciones generales de 2018, podrá recurrir la sentencia, lo que evitará ahora un ingreso en prisión. Una confirmación del fallo de culpabilidad implicaría también la inhabilitación política.
El juez Sergio Moro, responsable del caso Petrobras en la primera instancia judicial, ha declarado al expresidente culpable de haber aceptado y reformado una vivienda de tres plantas en una zona costera de São Paulo por valor de 3,7 millones de reales (1,1 millones de euros), todo ello pagado por la constructora OAS a cambio de contratos públicos. Es el peor comienzo que podía tener la resolución de la lista de causas judiciales a las que se enfrenta Lula da Silva, que fue presidente de Brasil entre 2002 y 2010, en dos legislaturas de bonanza económica y un gran crecimiento que aún hoy mantienen el buen recuerdo que dejaron. El exmandatario tiene pendiente otras cuatro sentencias en manos del juez Moro, uno de sus más enconados rivales, y aunque pueda recurrirlas todas a una instancia superior, también puede correr el riesgo de ser inhabilitado y no poder presentarse a las elecciones de 2018, como pretendía.
Es el mayor giro en la saga del regreso del dirigente a la política, algo que tiene a Brasilia en vilo desde hace más de un año. Su comienzo podría situarse en el pasado 4 de marzo, cuando, ante los ojos atónitos del país, la policía obligó a Lula da Silva a ir hasta una comisaría de São Paulo para prestar declaración por acusaciones de corrupción.
Aquella denuncia no fue muy lejos en el terreno judicial, pero lanzó la sospecha de que Lula da Silva, el carismático expresidente que sacó a 30 millones de brasileños de la pobreza y que juraba dar su espalda a las élites, no estaba tan limpio como parecía. Diez días después, la entonces presidenta Dilma Rousseff le ofreció un puesto en su Gobierno, supuestamente para ayudar con la crisis económica —la peor en 30 años— y la política, que amenazaba con paralizar el país. Pero también era cierto que el puesto le concedía el aforamiento y con ello le protegía de futuras acusaciones en la primera instancia. El Tribunal Supremo canceló ese nombramiento 24 horas después.
Con información de El País.
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