Hamás amaga con ejecutar a rehenes; ONU condena asedio
El grupo radical Hamás anunció ayer que comenzará a ejecutar rehenes si Israel no cesa los ataques contra la Franja de Gaza.
El movimiento islamista indicó que matará a un israelí cautivo por cada bombardeo a casas de civiles sin previo aviso.
Por su parte, el gobierno de Israel prosiguió con sus ataques de represalia y ordenó el bloqueo total del territorio palestino en la Franja de Gaza.
Yoav Gallant, ministro de Defensa, declaró que impedirá la entrada de alimentos y combustible a la zona, donde viven 2.3 millones de personas, lo que generó condena internacional.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, dijo estar “profundamente consternado” por el anuncio del asedio.
“Insto a todas las partes a que permitan el acceso de Naciones Unidas para suministrar ayuda humanitaria urgente a los civiles palestinos atrapados y desamparados en la Franja de Gaza”, expresó.
De acuerdo con testigos, el fuego israelí alcanzó varios cuarteles generales y ministerios de seguridad de Hamás, así como viviendas y carreteras.
El grupo palestino aseguró que respetó la vida de los israelíes cautivos en atención a sus creencias islámicas, pero declaró que eso cambiará si el asedio no frena.
Tras horas de intensos bombardeos de aviones israelíes en contra de Gaza, Hamás, el movimiento islamista que controla dicha región palestina, anunció que ejecutaría a un israelí de sus rehenes por cada bombardeo a casas de civiles.
Abu Ubaida, portavoz de Hamás, afirmó que el grupo había actuado de acuerdo con el islam al mantener a salvo a los cautivos israelíes. Pero agregó que a cambio de cada bombardeo israelí de una casa civil sin previo aviso, ejecutará a un civil israelí cautivo desde el inicio de la escalada.
El Estado de Israel, por su parte, ha convocado a 300 mil reservistas, un número sin precedentes y, en Gaza, controlada por Hamás, prosiguió con sus ataques de represalia. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró que se reforzaría el bloqueo para impedir la entrada de alimentos y combustible al enclave, donde viven 2.3 millones de personas, lo que generó una condena internacional.
Con información de AFP.