Impunes 68% de los delitos

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Los diputados se dicen abiertos a escuchar todas las propuestas y posturas para reducir los índices de reincidencia delictiva.

Ante los constantes casos de reincidencia delincuencial que se registran en Aguascalientes, el diputado Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza organizó este miércoles un panel de especialistas que abordó, planteó y propuso soluciones al respecto; contando con la participación del Magistrado Presidente del Poder Judicial, Juan Manuel Ponce Sánchez; del Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega; del Ombudsman, Jesús Martín Jáuregui; del Director de Justicia Municipal, Ernesto España Martínez; y del Director de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Eloy Morales Brand.

 

Tras la inauguración del foro, el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, legislador Francisco Martínez Delgado, celebró este tipo de espacios de opinión por personal especializado, toda vez que se debe atender un reclamo legítimo de la ciudadanía, que exige se le garantice la protección de su integridad física, de su tranquilidad y de su patrimonio.

 

Martínez Delgado lamentó que en Aguascalientes “sólo son castigados 4 de mil delitos cometidos, lo que genera una impunidad del 68 por ciento”, por ello la urgencia de atender de manera integral esta problemática.

 

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, señaló que para los Jueces es complicado emitir sentencias condenatorias con los delincuentes reincidentes, pues en el nuevo modelo de justicia penal constitucional impera la presunción de inocencia, además de que el catálogo de delitos punibles ahora es más reducido, lo cual impide el castigo en ciertos casos.

 

El Fiscal General del Estado, René Urrutia de la Vega, consideró que antes de emprender una reforma al marco legal, se tiene que formular la pregunta de qué se quiere resolver, tras señalar que se deben atender las causas de la reincidencia delictiva y no sólo atacar las consecuencias, por lo que el establecimiento de políticas públicas que la prevengan serían de gran ayuda, sin dejar de aplicar las sanciones contenidas en la Legislación Penal. 

 

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