Abogado de Elba Esther Gordillo ahora defenderá a Duarte
Duarte reveló el miércoles que llevaba seis meses en Guatemala, donde fue capturado el sábado pasado
El miércoles durante la audiencia en Guatemala, se anunció que el abogado mexicano Pablo Campuzano de la Mora, quien formó parte de la defensa de Elba Esther Gordillo, será asesor de los abogados guatemaltecos que defienden a Javier Duarte de Ochoa.
El ex gobernador enfrenta los mismos cargos que la maestra: operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
De acuerdo con su perfil, actualmente trabaja para el despacho Del Toro Carazo Abogados, surgido en Jalisco y con oficinas en la Ciudad de México, “especializado en la resolución de asuntos única y exclusivamente propios de la materia Penal. El pilar en que descansa la práctica profesional de nuestra firma es, sin duda su pasión por el Derecho y defensa de nuestros clientes, su visión ética, ingenio, dedicación y estudio profundo, que la ha caracterizado a lo largo de más de veinte años de experiencia en la solución de asuntos penales”.
Tardará en llegar a México
Ante un tribunal de Guatemala, el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, declinó la posibilidad de una extradición voluntaria para ser entregado de forma exprés a las autoridades mexicanas, por lo que ahora su proceso podría extenderse de 4 a 6 meses según cálculos del juzgador guatemalteco que presidió la audiencia del caso.
A pregunta expresa del Juez César García, Duarte de Ochoa rechazó allanarse al proceso de extradición, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR) de nuestro país, ahora tendrá que presentar todas las pruebas y documentos de las imputaciones penales existentes en contra del ex mandatario priista en un plazo máximo de 60 días.
El ex gobernador de Veracruz explicó que no estaba de acuerdo en una extradición exprés mientras su defensa no tenga acceso a todos los documentos y medios de prueba que se utilizaron para imputarle en México los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto superior a los 223 millones de pesos, recursos que fueron desviados del erario a través de pagos triangulados a empresas fantasmas y prestanombres.
Con información de Aristegui Noticias.
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