Sigue búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó este martes la situación actual del caso Ayotzinapa, a más de 40 meses de la desaparición de los 43 normalistas. En la audiencia, Alfredo Higuera, fiscal de la PGR, aseguró que el gobierno mexicano ha cumplido con las medidas cautelares dictadas por el organismo y aseguró que la búsqueda de los estudiantes sigue y jamás se ha detenido.
Higareda dijo que desde que el gobierno federal atrajo el caso se han realizado más de 800 acciones operativas de búsqueda en distintas zonas de Guerrero para tratar de localizar a los jóvenes.
A la fecha, en conjunto con peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, que apoyan a familiares de las víctimas, se revisaron de común acuerdo 325 de esos puntos, los últimos a finales de abril pasado, sin obtener resultados.
Resalta una búsqueda de una zona conocida como Metlapa, donde operaba uno de los líderes de Guerreros Unidos pero no hubo evidencias. “Las revisiones directas no han arrojado resultados tangibles”.
Para la búsqueda se hicieron recorridos a pie, se usó helicóptero y un dron. Para el próximo 10 de mayo, los peritos argentinos y de la PGR se reunirán para establecer nuevas fechas para revisar los puntos pendientes.
Uno de los avances que dio conocer es que se consignaron a 31 personas como probables responsables de los hechos del asesinato y desaparición de los normalistas; 16 tienen procesos en curso por delitos diversos como: delincuencia organizada, portación de armas, delitos contra la salud y secuestro.
Sostuvo que se han tenido encuentros con algunos procesados para obtener información, pero prefieren no llegar a acuerdo alguno y mantenerse en su posición de no proporcionar ningún dato.
Sobre las llamadas que intervino el gobierno de Estados Unidos a integrantes de Guerreros Unidos, quienes seguían el caso de la desaparición en tiempo real, dijo que se solicitó una ampliación de la información.
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva recomendó que sea un juez quien se dedique solo al caso, pues luego están cargados de trabajo y no atienden las demandas de las 43 familias que están desesperadas.
La comisionada Flávia Piovesan manifestó sus dudas sobre la independencia que tienen las instituciones encargadas de investigar la tortura y destacó la pericia de la ONU en estos temas.
Temen cierre precipitado del caso
En la sesión, Santiago Aguirre, representante de los padres de los jóvenes desaparecidos, dijo que quienes confeccionaron la llamada verdad histórica dejarán pronto sus posiciones de poder, por lo que temen un cierre precipitado del caso.
“Durante este periodo son cuatro las señales que confirman nuestros peores temores en cuanto a que la única prioridad de esta Administración es cerrar el caso”.
Estas cuatro señales, explicó, son la respuesta del Gobierno al Informe de la ONU-DH sobre la tortura, la filtración de mensajes de telefonía intercambiados por presuntos involucrados en los hechos registrados por autoridades de los Estados Unidos, el fracaso de algunas acusaciones recientes y el rechazo social.
“Estos señores saben que su gobierno corrupto ya se va y tienen miedo de que el próximo gobierno sí quiera llegar a donde tope en nuestro caso. Por eso quieren cerrar cada línea haciendo como que investigan”, advirtió don Emiliano Navarrete, padre de José Ángel, quien pidió a las y los comisionados que el próximo informe de la CIDH sobre el caso se presente en México.
Ayer, el gobierno mexicano reprochó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el informe en el que afirma que 34 procesados por el llamado caso Iguala fueron torturados.
“Pese a la gravedad del informe, la respuesta del Estado ha sido lamentable. El Gobierno se limitó a decir que sólo respondería a esta Comisión y no a otros órganos internacionales, pero además ayer acusó al titular de la ONU-DH en México de haber excedido su mandato, en un embate contra el mecanismo sin precedente en 15 años de cooperación técnica entre la ONU y México”, dijo Aguirre.
Los abogados de las víctimas detallaron que los mensajes filtrados a la prensa, interceptados la noche del 26 de septiembre de 2014, indican que pasada la media noche, cuando de acuerdo con las “confesiones” que sustentan la teoría del caso los estudiantes ya estarían reducidos a cenizas, los presuntos criminales aún hablaban de ellos como detenidos.
Destacaron que esta información muestra que el poder transnacional y los vínculos con el gobierno de la organización criminal sobrepasan por mucho el ámbito municipal, de forma contraria a la narrativa oficial del caso, y llegan hasta el ámbito estatal y federal, señaladamente a la Policía Federal y al Ejército. Por ello se deben recabar más de 60 pruebas pedidas por la defensa, especificaron.
Por último, se denunció que se siguen acumulando rezagos en la atención a las víctimas y que el gobierno federal se niega a firmar una declaración de intención que buscaba que se cumplieran las recomendaciones en esta área.
El representante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, acusó que el Estado se negó a firmar una declaración de intención para poner en marcha las recomendaciones del plan de atención psicosocial para víctimas y familiares.
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