Mexicanos con discapacidad mental, los más afectados por la discriminación
Entre las personas con discapacidad en México, quienes tienen un trastorno mental son los más discriminados a causa del estigma social en torno a su enfermedad y porque la misma ley limita sus derechos.
En México, las personas con discapacidad mental no pueden votar, casarse, heredar sus bienes ni donar órganos: toda su capacidad jurídica se ve limitada por una enfermedad que no se ve, pero que atemoriza a todos.
Tampoco pueden contratar el Seguro Voluntario del IMSS, no están cubiertos por las aseguradoras privadas y el presupuesto federal a la atención de sus males es de apenas 2 %.
Esta es la más discriminada entre todas las discapacidades, coinciden las organizaciones, ya que existen muchos más estigmas alrededor de la enfermedad mental que de la física, y la discriminación empieza en las instituciones.
La ruta de la discriminación
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 280 que “en ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas”, lo que impide votar a cualquier persona con discapacidad mental, independientemente de su diagnóstico o el tratamiento que lleve.
Para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), este artículo resulta desafortunado porque promueve la existencia de una evidente discriminación electoral en contra de las personas con discapacidad psicosocial (mental e intelectual), “descalificándolas única y exclusivamente por su condición de discapacidad de la posibilidad de acceso al ejercicio de sus derechos electorales”, advierte en el libro ‘Accesibilidad’, publicado en noviembre pasado.
La capacidad jurídica (facultad para realizar trámites civiles y legales) de quienes tienen un trastorno mental no es restringida automáticamente, sino que ocurre cuando los familiares o el cónyuge del paciente solicitan un juicio de interdicción para poder tomar decisiones por él, explicó Diana Sheinbaum, investigadora de la organización Documenta.
“Lo que se ha confundido son los términos de capacidad mental y la jurídica: una cosa es las habilidades que cada uno tiene para tomar decisiones y llevar nuestra propia vida, y otra es ser reconocidos como iguales ante la ley. En esta confusión se ha entendido que las personas con discapacidad psicosocial, como no tienen una capacidad mental ‘normal’, entonces pueden ser privadas de su personalidad ante la ley”.
De esta forma, una persona que está bajo juicio de interdicción conserva sus derechos pero se le niega la capacidad de ejercerlos por sí mismo, con lo cual queda impedido legalmente para contraer matrimonio –o seguir casado, pues la enfermedad se vuelve causal de divorcio-, heredar bienes o convertirse en donador de órganos, pero lo más grave son los abusos que suelen cometerse contra estas personas al decidir por ellos, como la esterilización forzada y los tratamientos médicos invasivos.
“Ahí hay una reforma muy importante qué hacer al Código Civil, una vez que no se te reconoce tu capacidad jurídica no puedes fungir como persona ante cualquier instancia”, señaló Sheinbaum a Animal Político.
Conceptos legales ofensivos
El Código Civil federal considera a las personas con discapacidad psicosocial “legalmente incapaces”, igual que un menor de edad o un adicto.
“Tienen incapacidad natural y legal: I. Los menores de edad; II. Los mayores de edad disminuidos o perturbados en su inteligencia, aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adicción a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación, o a la alteración en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio”, indica el artículo 450.
Por otra parte, en el artículo 23 especifica que el estado de interdicción no debe menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia, “pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes”.
Algunos códigos civiles estatales incluyen esta restricción con términos considerados ofensivos. El de Campeche declara legalmente incapaces a los mayores de edad “privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos”; el del Estado de México a los “disminuidos o perturbados en su inteligencia por trastornos mentales”, y el de Jalisco a los que “padezcan enajenación psíquica”.
Esta última entidad es la que concentra el mayor número de discapacitados psicosociales: de acuerdo con cifras del Instituto de Estadística (Inegi) de 2014, en México hay aproximadamente un millón 420 mil personas con discapacidad mental y el 25% de ellos se ubica en ese estado occidental.
Otras limitaciones a las personas con trastorno mental no están sujetas al juicio de interdicción sino que aplican por defecto, como la incapacidad para hacer un testamento. El artículo 1306 del Código Civil federal indica que están incapacitados para testar “los que habitual o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio” y abunda el 1307, “es válido el testamento hecho por un demente en un intervalo de lucidez”, siempre que un juez nombre dos médicos, “de preferencia especialistas en la materia, para que examinen al enfermo y dictaminen acerca de su estado mental. El Juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo, y podrá hacerle cuantas preguntas estime convenientes, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar”, agrega el 1308.
El problema de estas limitaciones a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial es que se practican con una intención supuestamente de protección, pues la ley contempla el recurso del juicio de interdicción, pero quienes lo realizan son los familiares de la persona discapacitada.
“Muchas veces lo que hacen los padres en esta visión protectora es, para que mi hijo no se meta en problemas, para que no cometa una barbaridad le voy a hacer un juicio de interdicción. Esta visión de actuar por el beneficio del otro ha ganado peso frente al derecho a la libertad, hay una armonización legislativa muy importante qué hacer al respecto”, dijo Sheinbaum.
La activista se refiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que México firmó en 2007 y que 10 años después sigue sin ajustar sus leyes locales a dicho mecanismo, pese a que en 2014 la ONU hizo una serie de observaciones a este país, urgiéndolo a atender medidas específicas, entre ellas el lenguaje ofensivo en los códigos civiles estatales, “al Comité le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad” y la prevalencia de los juicios de interdicción.
A la organización Documenta le preocupa particularmente el caso de los presos con discapacidad psicosocial, quienes –de acuerdo con la directora- en lugar de recibir una pena por el delito cometido reciben una medida de seguridad en función de su “peligrosidad”, ya que para ser liberados deben ser “entregados” a una institución o un familiar, mientras que el resto sólo cumple su sentencia.
“Es la institucionalización y este ciclo perverso del sistema que, bajo un enfoque caritativo, ha permitido graves violaciones a derechos humanos”, advirtió Sheinbaum.
Acceso discrecional a la salud
Las personas con discapacidad psicosocial en México tampoco pueden contratar seguros de gastos médicos. El servicio obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se otorga a través de un empleo formal sí cubre las enfermedades mentales, igual que el Seguro Popular (mecanismo del gobierno federal para dar servicios de salud a personas sin seguridad social) que incluye los principales trastornos; pero el seguro voluntario del IMSS –que el usuario paga sin ser trabajador- excluye de su cobertura los trastornos mentales (como psicosis y demencias), igual que las aseguradoras privadas.
Por ejemplo, en las condiciones generales de la aseguradora GNP –una de las más grandes en el país- excluye de su cobertura “trastornos de la conducta, del aprendizaje o lenguaje, enajenación mental, demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis, así como sus complicaciones. Cualquier enfermedad, estudio y/o tratamiento de tipo psicológico, psiquiátrico o psíquico, independientemente de sus orígenes o consecuencias”.
Otras como Zurich incluyen consultas psiquiátricas siempre que el trastorno derive de un asalto, secuestro o violación, así como del diagnóstico de cáncer, infarto al miocardio, insuficiencia renal, intervención quirúrgica por enfermedad de las arterias coronarias o accidente vascular cerebral. Quedan excluidos de su cobertura: ansiedad o depresión; padecimientos psiquiátricos; lesiones originadas por trastornos de enajenación mental, de conducta, “demencia, depresión psíquica o nerviosa, histeria, neurosis o psicosis”. Criterios similares aplica la estadounidense MetLife.
En el sector público también se dan exclusiones de facto, aunque las enfermedades mentales estén cubiertas. El colectivo Chuhcan, grupo de apoyo formado por y para personas con discapacidad psicosocial, ha reportado a la organización Disabled Rights International varios casos de ginecólogos que se han negado a atender a pacientes con discapacidad psicosocial porque “quieren ver primero qué dice el psiquiatra”.
El programa de Acción específico de Salud Mental 2013-2018 del gobierno federal reconoce la falta de capacitación del personal médico para tratar a estas personas, así como la poca sensibilización con sus padecimientos.
Los activistas nacionales e internacionales que defienden los derechos de las personas con discapacidad psicosocial coinciden en que la lucha contra la discriminación todavía tiene muchas batallas, pero señalan un pequeño avance: la ley aprobada a principios de 2017 en el norteño estado de Coahuila, que garantiza los derechos de las personas “con la condición del espectro autista”, en la que se especifica el respeto a su capacidad jurídica, se impide explícitamente privarlos de su libertad ilegalmente y se reconocen sus derechos sexuales.
Con información de Animal Politico.
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