Expedientes de masacres de migrantes a punto de ser desclasificados
Un juez federal ya ordenó que los casos se abrieran por ser violaciones graves a derechos humanos, pero la PGR y el IFAI (hoy INAI) se opusieron y llevaron el caso hasta el máximo tribunal.
¿Quién ordenó el secuestro de los 72 migrantes de San Fernando? ¿Por qué fueron sepultadas más de 200 personas en fosas sin que nadie lo notara? ¿Quiénes son los policías involucrados en la masacre? ¿Dónde estaban los puestos federales y de la Marina mientras decenas de autobuses de migrantes eran detenidos? ¿Qué hizo el Estado con las alertas que recibió dos años antes de que esto ocurriera? ¿Cómo fue posible que se enviaran cuerpos equivocados a las familias?…
La respuesta a esta y otras preguntas se encuentran en las tres averiguaciones previas que la Procuraduría General de la Republica (PGR) inició por el hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando y Cadereyta entre 2010 y 2012, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirá esta semana si se desclasifican para que se elabore una versión pública de las mismas.
Se trataría de un caso similar al de la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa del cual también se hizo un expediente público. La diferencia es que aquí, las dos organizaciones que han promovido la apertura de las averiguaciones, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C., y Artículo 19, llevan tres años intentando que las mismas salgan a la luz.
Un juez federal ya dio el primer paso cuando en 2013 dictó una sentencia de amparo en la que consideró el caso como de graves violaciones a derechos humanos, algo que ni la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) hicieron, y ordenó que se elaborara la versión pública de las averiguaciones, sin embargo, fue la PGR y el propio INAI quien apelaron y llevaron el proceso ante el máximo tribunal.
La decisión de desclasificar o no el expediente recae en la Primera Sala de la Corte, la misma que ya resolvió en 2011 que la PGR entregara el expediente de la desaparición de Rosendo Radilla; que modificó la legislación para temas como el del divorcio o el aborto; y que recientemente resolvió a favor del consumo lúdico de la mariguana.
El proyecto de la resolución del amparo solicitado por la Fundación fue elaborado por la ministra Olga Sánchez Cordero y se discutirá este miércoles 18 de noviembre, una semana antes de termine su periodo de 20 años en la Corte.
“Vamos a ver como se despide la ministra Sánchez Cordero. Lo que sería impensable es que el máximo tribunal que ha sido tan progresista respecto a derechos humanos bajo el estándar que ya estableció juez de distrito. Esta decisión de la Corte, vital para la transparencia, nos va a afectar a todos” dijo a Animal Político la directora de la Fundación, Ana Lorena Delgadillo.
Cabe señalar que la organización Artículo 19 también promovió por su cuenta un juicio para exigir que se desclasifique la averiguación previa de la masacre de San Fernando. En este caso el juez responsable ordenó al INAI reponer la negativa a revisar el caso por lo que el proceso también llegó a la Primera Sala.
Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de Artículo 19, comentó a este medio que lo ideal hubiera sido que ambos amparos se discutieran el miércoles sin embargo, el que ellos promovieran se analizará para el próximo año. En ese contexto, consideró que es fundamental lo que los ministros consigan resolver mañana, sobre todo con la composición liberal que todavía tiene la Primera Sala.
Con información de Animal Político
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