Frenan plan contra migrantes varados en la frontera
Un juez falló ayer contra una medida que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que evitaría que los migrantes que esperan en la frontera de México consiguieran asilo.
En una audiencia, el juez federal James Donato, en California, determinó que el funcionario que ordenó esa medida no tiene autoridad legal para hacerlo.
La “última medida” del Departamento de Seguridad Interior fue impuesta para entrar en vigor el 19 de enero, un día antes de que Trump deje la Casa Blanca.
El documento prohibía a las autoridades aceptar solicitudes de asilo de todo migrante que para llegar a la frontera estadunidense cruzara otro país antes de alcanzar los límites de EU.
También obligaba a las cortes a rechazar argumentos de víctimas de violencia conyugal o doméstica, y de violencia de pandillas o crimen organizado.
El secretario interino saliente de Seguridad Nacional, Chad Wolf, ordenó que dejaran de ser motivos para solicitar asilo “la persecución por género, la resistencia al reclutamiento o coacción por parte de una guerrilla, organización criminal, pandilla, grupo terrorista u otra organización no estatal”.
Con eso, Wolfe eliminó básicamente todas las posibilidades de que Estados Unidos otorgara asilo. La decisión afecta a decenas de miles de migrantes que aguardan en la frontera mexicana desde marzo.
La espera es a que Estados Unidos reanude audiencias de asilo bajo un programa que la administración Trump impuso unilateralmente a México, conocido como “permanecer en México” o Protocolos de Protección a Migrantes (MPP).
Una coalición de 21 fiscales generales estatales y el de la capital estadunidense presentó en California en diciembre una demanda contra esa “última medida”.
Encabezados por el fiscal saliente de California, Xavier Becerra —nominado como secretario de Salud para la administración de Joe Biden—, la coalición advirtió a la corte que esa medida equivale al “el asesinato del derecho a asilo”.
Becerra dijo a la corte que uno de los principios del país es garantizar la seguridad, y que “nadie gana cuando el presidente Trump trata de poner a la gente fuera de la vista estadunidense y a eso le llama una solución”.
Wolf entró en funciones por orden de Trump cuando el también secretario interino Kevin McAleenan dejó el cargo en noviembre de 2019, pero Trump nunca sometió la nominación de Wolf ante el Senado, por lo que su nombramiento nunca se ratificó ni formalizó.
En diciembre otra corte descartó las limitaciones que Wolf impuso al programa de los dreamers porque su orden fue ilegal.
"Permítanme ser sincero con usted. El gobierno sigue ejecutando la misma vieja cinta de 8 pistas y el sonido no está mejorando”, dijo el juez Donato al fiscal federal que representó a Wolf en la audiencia.
El magistrado insistió en que si el nombramiento no es legal, las decisiones que imponga como secretario de seguridad sin ratificar, son ilegales.
"Usted ha estado tratando de venderme el mismo pescado que tiene en la cubeta cuatro veces, ¿cuántas veces más lo va a querer vender para entender que no lo voy a comprar?”, dijo.
Wolf, a quien le queda una docena de días en el puesto, carece de tiempo para apelar.
Adicionalmente, una coalición de organizaciones civiles que defienden los derechos de los inmigrantes presentó el jueves una demanda colectiva a nombre de once migrantes que hoy se encuentran en la frontera mexicana.
La coalición pidió una orden de restricción a la “última medida” porque pondría en riesgo de muerte a migrantes.
Con información de Excélsior.
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